BERNAL:....DE MAYO DEL 2011.
OBJETO: Formular Petición.
AL SR SECRETARIO GENERAL DE APROPOBA CENTRAL
COMISARIO INSPECTOR (R.A) MIGUEL REYNOSO
El que suscribe Comisario (R.A) Luis Alberto Colantoni, de la Provincia de Buenos Aires, tiene el agrado de elevar la presente al Sr. Secretario General, para que por su intermedio se disponga la intervención del órgano consultor de asesoría legal para dictaminar sobre la viabilidad del reclamo de la ampliación de deducción, excepción y reintegro del impuesto a las ganancias al personal en pasividad de la policía provincial y de ser aprobado se tenga a bien de gestionar a tenor del Art 8 de la Ley 24.631, ante las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales de las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Nación la petición del control de constitucionalidad de la aplicación de la Ley Nac 20.628, al personal en pasividad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fundado en los hechos y derechos que se pasan a detallar.
1) Que en relación a la evolución histórica en función a las circunstancias de lugar y tiempo que motivaron la creación de la norma en cuestión digo que el impuesto a las ganancias nació en el año 1932, durante el gobierno de facto del Gral. Uriburu como impuesto a las rentas aplicado a todas las actividades útiles del país e inicio con carácter excepcional en forma transitoria ante la emergencia económica siendo que los efectos tenidos en cuenta por los legisladores para su aprobación fue de equilibrar las finanzas públicas del estado nacional para que pueda cerrar las cuentas sin déficit fiscal y así evitar la devaluación monetaria y consecuente proceso inflacionario, que en 1980 se paso a llamar impuesto a las ganancias y después de sucesivas modificaciones y prorrogas se convirtió en perpetuo.
2) Que el Art 75, Inc. 2 C.N, "faculta al congreso nacional a establecer impuestos directos, cuando la defensa, seguridad común y bien general del estado lo exijan y por tiempo determinado" y desaparecidas las causas que lo originaron y en un momento dado lo pudieron haber justificado es que en la actualidad no tiene razón de ser, frente a la ausencia de la causa que conllevo a su creación debido a ser público y notorio que en los dos últimos periodos de gobierno, el estado nacional anuncio la reactivación económica y el superávit presupuestario mas transcurrido casi 80 años en vigor es que excedió el tiempo razonable de su continuación.
3) Que de los concordantes y complementarios Arts. 2 y 79 Inc. "c" de la Ley 20.628, surge que el hecho imponible son las ganancias producidas de una fuente permanente originada en el trabajo personal y ello es in congruente con la inclusión de los jubilados, pensionados, retirados...en la categoría 4 "c" por cuanto sus haberes no tienen como correlato inmediato una actividad económica generadora de ganancia puesto que los pasivos no trabajan.
I) Que el impuesto a las ganancias es de aplicación al personal en actividad por originar en el trabajo en concepto de actuales prestaciones de servicios pero no al personal en pasividad por originar en un crédito en concepto de anteriores prestaciones previsionales.
II) Que el haber del retirado está legitimado en un crédito que funda su debido reintegro efectivizado por el estado a los asalariados originado en anteriores prestaciones previsionales devengadas de sus sueldos a lo largo de su vida laboral como resultado de la sumatoria virtual de los fondos acumula dos en la caja de previsión social.
III) Que por el principio de legalidad es admisible como legal por servir para unir o atar pero todo acto administrativo para ser valido tiene que ser razonable fundado en una causa compatible con los principios que rigen la materia en tratamiento para no incurrir en exceso calificado de arbitrario y para ser licito se debe conformar a derecho basado en el ideario de justicia de dar a cada uno lo que le corresponde entre quienes se encuentran en distintas condiciones por cuanto la interpretación de las leyes tributarias no solo se desprenden de la literalidad del texto legislativo sino también de la aplicación de los principios particulares y generales del derecho.
IV) Que la inclusión del retirado en la ley solo pudo obedecer a considerarlo como obligado no deudor responsable solida rio sin condición, contradicción cuya única explicación es el propósito legal de abarcar al universo de los asalariados para aumentar la recaudación por razones de administración lo cual desnaturalizo la función tributaria que en un estado de derecho debe ser justa y no causar la lesión de la capacidad contributiva del sujeto.
V) Que en desmedro al principio de la capacidad contributiva del sujeto, limitativo de la potestad tributaria es exigido como elemento objetivo un fundamento económico que vincule jurídicamente al sujeto pasivo con el estado mediante el hecho imponible como fuente de la obligación así es que la aplicación del impuesto a las ganancias en el caso concreto no tiene razón de ser y en colisión con el texto legal por empleo del sentido común tiene que primar el principio en que se de be sustentar la ley.
VI) Que la SCJN, fundada en el Art 12 de la Ley 11.683 del código de procedimiento fiscal, creo la doctrina del principio de la realidad económica que ante el exceso manifiesto sentó como norma de imputación de los efectos jurídicos impositivos, el deber de atener a la verdadera naturaleza del hecho imponible.
VII) Que el Dr. Gracia, Fernando de "La Asociación Argentina de Estudios Fiscales" comento que el Art 11 de la Ley 11. 683 del código de procedimiento fiscal establece como criterio genérico de interpretación jurídica de las leyes impositivas que "cuando los actos, situaciones o relaciones jurídicas que determinan la verdadera naturaleza del hecho imponible son sometidas a abusos de la formas jurídicas que se apartan a las del contribuyente configurando estructuras jurídicas inadecuadas que no corresponden ser aplicadas" es de remisión al derecho privado por su carácter supletorio para resolver la situación en supuestos no reglados en la ley y digo que en consonancia con los Art 499 y 784 C.C "sin deuda no hay obligación" y la imposición tributaria constituye un pago indebido susceptible de exención y repetición.
VIII) Que sobrevino un hecho ilícito de cobrar a quien no está obligado a tributar que consumo con la reducción salarial y manifesto con la producción de un enriquecimiento incausado por parte del estado, en perjuicio del derecho de propiedad (Art 17 C.N) retribución justa (Art 14 Bis C.N) el principio general de niminen laedere (Art 19 C.N) e indemnidad (Art 39, Ap 3 CPBS) por causar un daño patrimonial al asalariado y ello es calificado de inmoral ante la falta al deber de respetar la dignidad salarial (Art 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)
4) Que el Art 133, Párr. 1, de la Ley Nac 20.744 "prohíbe la retención del sueldo del trabajador cuando en su conjunto supere el 20% del monto total de la remuneración mensual" que acorde a lo dispuesto en el Art 75, Inc 12 C.N, ella rige en el ámbito nacional para regular la relación de empleo
privado extensible al empleo público, desde que la policía provincial no tiene en vigencia una legislación especifica en materia de seguridad laboral que garantice la integralidad salarial como contraprestación producto del trabajo, fundado en que la retribución justa (Art 14 Bis) es un derecho social propio de la relación laboral que comprende tanto al empleo público como privado y consecuentes beneficios previsionales y que siendo ella definida por la ley como una institución civil mas allá que preste un servicio público la normativa tributaria establece la aplicación supletoria de las reglas del empleo privado así es que por asimilación en equiparación con el contratistas del estado debe gozar del derecho a la intangibilidad de sus sueldos, lo cual es corroborado por la teoría sistemática sociolaboral que sostiene la indiferencia ontológicas entre el empleo público y el empleo privado y todo ello lo hace aplicable al caso en concreto, y en merito a que sufre un descuento obligatorio del 25 % sobre el haber bruto mensual, es que no se le debe hacer mas deducción de las que ya tiene por cuanto se ha transvasado los límites de la razonable adecuación proporcional, en atención a que la retribución de los agentes son de naturaleza alimentaria y por en de no le debe recaer el impuesto a la ganancia amen de resultar improcedente por cuanto no existe una razón jurídica para que el estado nacional este legitimado para proceda a la retención de sus salarios en tal concepto, cuando el estado provincial es quien les paga los mismos además de no responder a los fines tributarios que debe perseguir el estado en virtud a distar del interés general puesto que primando la realidad económica, ella demuestra que mientras la administración se ha enriquecido, sus administrados se han visto empobrecidos (CSJN causa I 2.312 "AERI" y B-64. 621 "UPCN")
I) Que en el aparatado final del articulo anteriormente citado "solo autoriza a la autoridad de aplicación laboral a modificar dicho tope legal por resolución fundada en situación particular" no obstante en contraposición, la AFIP mediante Res.1261/02 "atribuyo como único limite, el establecido en la legislación tributaria en concepto de tasa máxima vigente, al momento de practicar la retención, sobre las personas de existencia visible" y por el Art 1 de la Res 436/04 estableció "que el referido limite porcentual máximo, puede ser excedido al solo efecto de posibilitar la retención establecida por el impuesto a las ganancias sobre la renta de los trabajadores con relación de dependencia" no obstante por vía reglamentaria también se le aplicó al personal policial en pasividad para extender su retención salarial hasta el 35 % de sus ingresos, en violación a los principios de legalidad, reserva de la ley y jerarquía normativa por cuanto el proceder administrativo debe ser subordinado a la ley y en oposición expidió una excepción contraria a la voluntad del legislador que prohibió imponer una carga más allá del límite que fijo con lo cual altero el espíritu legal, y en detrimento del poder de policía afecto el derecho subjetivo de propiedad que por su carácter relativo debe ser ejercido dentro del marco normativo (CSJN, fallos 243:449 y 243: 467) y consecuente derecho sociolaboral a la justa remuneración garantizados por la constitución nacional para evitar que se tornen en ilusorios los derechos fundamentales que ella reconoció (CSJN, caso González, Martin-C/Polimat) en voto particular de la Dra. Argibay "advirtió que el Poder Ejecutivo Nacional, no tiene atribución para reglamentar los mismos, de modo directo y autónomo" y ello importo arrogar una supremacía por la cual la fortuna de los argentinos puede quedar a merced del gobierno, reñido con el sistema republicano de gobierno por invasión de la función de un poder en otro que conllevo a vulnerar la división del poder público (Arts. 1, 14 Bis, 17, 19, 28, 29, 31, 33, 76 y 99 C.N)
II) Que extraída la parte pertinente de los informes producidos por analistas económicos, publicados el 31/05/11,en el diario La Nación, de los estudios realizados por Leral de la Fundación Mediterráneo, titulado -El Fisco es el Ganador en el Reparto- señalo que desde el 2.002 al 2.010, el estado aumento su participación en la distribución de los ingresos de la economía nacional mediante la recaudación fiscal del 21, 7 % al 34, 7 %, en gran medida influenciada por la mayor presión tributaria originada en la suba de la alícuota del impuesto a las ganancias y la falta o insuficiencia del ajuste por inflación para su determinación que supero a los ingresos de los asalariados del sector publico que ascendió del 25, 6 % al 29, 6 % y del publicado en misma fecha y medio por el Centro de Investigación y Formación de la Republica Argentina, titulado -El Nuevo Patrón de Crecimiento Argentino 2002/2010- "indico que desde el 2.007, se desacelero la mejora en la distribución de ingresos que determino el persistente nivel de inequidad y a fines del 2.010, la pobreza alcanzo al 22,91 % e indigencia al 6, 1 % de la población, mayores a las existentes antes del comienzo de la crisis económica de fines del 2.001 y concluyo que el estado nacional alcanzo elevadas tasas de crecimiento fis cal y superávit comercial..."mas la CTA oficialista, advirtió que el modelo de crecimiento estatal, no mejoro la desigualdad y genero una fuerte suba de precios que provoco el alza de la pobreza" y digo que de ello se desprende que el estado incumplió con la finalidad tributaria, porque ejerció una presión fiscal que no se reflejo en la equitativa redistribución de los ingresos en tanto no contribuyo a mejorar la necesidad general sino que por el contrario enriqueció al estado en desmedro del pueblo que empeoro su situación.
III) Que la CSJN, en causa I 2.312 "AERI" y B-64.621 "UPCN" y SCBS, en causas "Guida" La Ley, 2000-D-375 y "Tobar" La Ley, 2000-F-452, definieron la relación jurídica de empleo público como un con trato administrativo y tal encuadramiento, trae aparejada la aplicación al caso de la teoría general de los contratos administrativos y en particular del derecho a mantener el equilibrio de las prestaciones, mas si la administración modifico el contrato mediante el aumento de las obligaciones del agente en forma que incidió en su ecuación económica financiera, produciendo el desequilibrio de las prestaciones reciprocas, es un hecho suyo, por el cual debe indemnizar al co-contratante (BERCAITZ, Miguel A: "Teoría General de los Contratos Administrativos" 2da Ed. Depalma, Bs. As, 1980, p 442) y siendo que el sueldo integra la parte no modificable del contrato, es que la remuneración de un agente no puede ser reducida por causas no imputables al mismo, y frente a una reglamentación arbitraria que establece una disminución indiscriminada del salario, desequilibrante de la relación contraprestacional, cabe objetar que tal medida lesiona el principio de igualdad garantizado por el Art 16 C.N, toda vez, que la condición de agente público, no constituye una calificación razonable para imponer un descuento diferenciado del resto de los asalariados del país, si se tiene presente que la Constitución Nacional, protege a todos los trabajadores por igual (Art 14 Bis) dado a que lo contrario configura una manifiesta desigualdad en la valoración del derecho de propiedad (VIDAL PERDOMO, Jaime, "Derecho de los Funcionarios Públicos", en AA.VV..Contratos Administrativos, Ed. Astrada, Bs. As. 1982, t II, p 151)
IV) Que en el marco de la relación de empleo público, el poder ejecutivo goza de prerrogativas exorbitantes propias del "ius" administrativo que a los fines de satisfacer en la mejor forma el interés publico puede introducir modificaciones en el contrato, siempre y cuando ellas sean razonables y no signifiquen una alteración sustancial de las condiciones así es que las modificaciones del con trato no pueden ser arbitrarias sino que deben ser fundadas, respetar la sustancia de cada relación contractual y conservar el equilibrio económico-financiero de la relación contraprestacional por lo cual las prestaciones mayores deben ser compensadas como lo son en los de más contratos administrativos (ESCOLA, Hector J Tratado Integral de los Contratos Administrativos", Ed. Depalma, Bs. As, 1979, v II, p 426) y por lo tanto una quita salarial extraordinaria sin ser compensada es una confiscación de la propiedad prohibida por el Art 17 C.N, y frente a ello, el agente afectado puede reclamar judicialmente la devolución de la parte mermada en más de su salario, alegando la inconstitucionalidad de la norma (EKMEKJDIAN, Miguel "La Rebaja de los Sueldos de los Funcionarios Públicos es Inconstitucional" Ed 162-12 48.
V) Que la relación de empleo público, conforme a su naturaleza jurídica, constituye un verdadero contrato administrativo por cuanto presenta los caracteres inherentes al mismo, que concurren a su configuración como tal y ello fue reconocido por los máximos tribunales nacionales y provinciales, asi que este contrato especifico debe ser tratado como a los demás contratos administrativos (ESCOLA, Hector J., op. cit, v II, p 349) y siendo que el ejercicio de la potestad del estado del ius variandi, le genera al co-contratista, el derecho a ser compensado de todas las consecuencias económicas que le producen las modificaciones introducidas por el mismo en el contrato, que consuman con la reducción del sueldo y manifiestan en el desequilibrio contraprestacional es que por aplicación de la garantía constitucional de igualdad ante la ley que radica en consagrar un trato legal e igualitario entre quienes se encuentran en similar situación, toda vez, que un criterio de distinción no debe ser arbitrario de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad de condición, es que no habiendo una razón jurídica que justifique la desigualdad de tratamiento entre el contrato de empleo público y privado, en equiparación con el contratista del estado que goza del derecho a la intangibilidad del sueldo se tiene la obligación de mantener la integralidad de la remuneración del empleado público, principio sustentado por la CSJN en acordada nro 20/96 y caso "Gutiérrez, Oscar Eduardo-C/Anses" para eximir a los jueces del impuesto a las ganancias.
VI) Que se afecto el derecho a una retribución justa, consumado con la excesiva reducción del sueldo y manifestado con la producción del enriquecimiento incausado, desigualdad en la valoración del derecho de propiedad, y desequilibrio de las prestaciones por parte del estado, siendo este un derecho social propio de la relación laboral que comprende tanto al empleo publico como privado y consecuentes beneficios previsionales (Bidart Campos J. "Estamos Enfermos de Emergencias Ed. 140-155) e impone la obligación del estado de promoverlos y a crear las condiciones adecuadas para su goce y ejercicio (Arts 14 Bis C.N, 6 y 7 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales) abasteciendo con ello, el objetivo de lograr el bienestar general (CSJN, fallos 278:313 y 289:430) digo que por su naturaleza alimentaria destinada a satisfacer la subsistencia familiar se le debe dar prioridad ante cualquier otro, puesto que es un derecho humano, caracterizado como irrevocable porque no debe ser suprimido, irrenunciable porque no debe ser abdicado, inviolable porque no debe se le opuesto e indemne porque no se le debe causar daño ya que hace al fin del estado de bien común, y progresivo porque tiene eficacia con prescindencia del reconocimiento de la ley, dado a que por su carácter evolutivo pueden ser crea do sin necesidad de que antes hayan sido legislado (Art 39, Ap 3 CPBS)
5) Que en violación al principio de justicia tributaria se dio igual trato legal a distinta situación por cuanto el personal en pasividad de la policía provincial sigue aportando a su caja de previsión, mientras que el res o de los jubilados de los demás sistemas de la seguridad social soportan una sola carga fis cal por cuanto adquirido el derecho a la jubilación se les deja de descontar en tal concepto, y es por ello que con la aplicación del impuesto a las ganancias en el caso concreto se in cumple con la obligación de imponer a la población contribuciones equitativas (Art 4 C.N)
I) Que al decir de la Comisión de Igualdad en el Empleo, organismo especializado de la O.T.I, dependiente de la ONU creadora de las leyes internacionales del trabajo, ello constituyo una discriminación que definió como el trato legal desfavorable entre iguales que importa la negación del derecho del asalariado sin una causa razonable.
II) Que el estado nacional incumplió con la obligación asumida en adhesión al Art 1 de la Declaración Sociolaboral del Marco Sur emanada del Tratado de Asunción que ordeno a los estados miembros a realizar acciones tendientes a eliminar la discriminación de grupos en situación de desventajas dentro del mercado laboral como el caso particular del personal policial que rechazado su derecho a la sindicalización carece de representación gremial para la defensa de sus intereses, y ello genero la responsabilidad internacional del gobierno nacional.
III) Que la actual doctrina de la CSJN, estableció como regla general la inversión de la carga probatorio en casos de leyes sospechadas de discriminación fundadas en el derecho internacional por lo cual el estado nacional no se podrá amparar en la presunción de validez de la norma y deberá demostrar que ella no es inconstitucional.
6) Que constituyo una doble imposición confiscatoria de la propiedad (Art 17 C.N) porque el personal en pasividad de la policía provincial (sujeto) es objeto de dos gravámenes que son los aportes previsionales por tratar de una extracción que no se puede imputar a la adquisición del derecho ya reconocido al retiro, ni a una mayor contraprestación porque conforme al Art 36 de la Ley 13.236/ 05, según Ley 13.381, el haber de retiro no puede exceder el 100 % y el impuesto a las ganancias, sobre una misma fuente de ingreso (sueldo) y es por ello que con su aplicación en el caso concreto se inobservó el deber de imponer a la población contribuciones proporciona les (Art 4 C.N) a los fines de cumplir con el principio de igualdad en las cargas públicas (Art 16 C.N) y siendo que el legislador esta obligado a promover medidas de acción positiva que garanticen la real igualdad de trato (Art 75, Inc 23 C.N) es que se debe proceder a la revisión constitucional de la normativa legal en el supuesto particular.
7) Que la capacidad contributiva es la situación económica del sujeto y su familia que le posibilita contribuir al sostenimiento de los gastos públicos del estado así es que recién después de superado el estado de necesidad se puede cuantificar el mínimo no imponible para delimitar la frontera que divide a los sujetos exentos de impuestos y los obligados a tributar y dado a que el legislador no puede imponer una carga donde la riqueza no se manifiesta, está obligado a depurar la renta bruta para convertir en renta neta y en consecuencia la ley permite descontar algunos gastos pero no lo hace en la justa medida a la capacidad contributiva del sujeto, en función al salario real que valora las necesidades primarias, el volumen de la carga tributaria y el pro ceso inflacionario.
I) Que en relación a las necesidades primarias para satisfacer la subsistencia humana y el decoro de vida, digo que es debido descontar los gastos en alimentos, vestimentas, muebles, pagos de alquileres, tasas y contribuciones provinciales por provisión de agua potable, municipales por alumbrado, barrido y limpieza y las prestaciones de los servicios públicos privatizados por suministro de energía eléctrica y gas natural.
II) Que en relación al volumen de la carga tributaria digo que debe ser deducido el pago de los demás impuestos porque la suma porcentual del conjunto impositivo afecta la renta personal para determinar la disponibilidad de la capacidad adquisitiva del sujeto a los efectos de contribuir a los gastos del estado que dentro del contexto no respondió al criterio de propiedad en función social por cuanto en contrario aumentaron los niveles de pobreza e indigencia mas con solo considerar el impuesto nacional al valor agregado que incluye a los productos de la canasta familiar de primera necesidad para la subsistencia humana que representan gas tos generales, inevitables, mas importantes y de mayor peso inflacionario en cuanto el año pasado promedio el 40 % anual (Ver Net Taringa-Informacion de Distintos Diarios-2010) que grava con el 21 %, trasladado a los precios en cada uno de los eslabones de la cadena de intermediación comercial que va desde el fabricante o productor, mayorista, minorista y hasta la góndola del negocio donde se compra, cuyo acumulado mensual se puede apreciar que impacta en el sueldo del trabajador como consumidor final de la mercadería mensual adquirida en orden del 84% y evidencia que sin perjuicio de los demás gravámenes, la presión tributaria ejercida por el estado sobre el salario es de una magnitud desproporcional confiscatoria de la propiedad para los contribuyentes en general en relación al tope jurisprudencial fijado por la CSJN, del 33 %, sobre el monto de la renta o capital.
III) Que en relación al proceso inflacionario digo que al menos resulta insuficiente su deducción para determinar el impuesto a las ganancias porque siendo de público conocimiento que los índices oficiales registrados son notoriamente inferiores a los reales, de cuya manipulación de las estadísticas publicas se ha sospechado desde el año 2.007 (Ver La Razon-31/05/11) y como medidor del salario hace al pago de una menor remuneración, siendo que el año pa sado registro el 11 % de inflación (Ver Página Web de Indec) y de conformidad con los registrados por los analistas privados, el incremento del costo de vida promedio fue del 25 % anual (Ver Net Taringa-Informacion de Distintos Diarios-) que frente al aumento salarial otorgado por el estado provincial al personal policial en orden al 19 % anual (Ver Página Web de la Caja Policial) es que no llego a compensar la desvalorización monetaria con la consecuente disminución del salario real y afectación de la capacidad adquisitiva del sujeto para contribuir al sostenimiento del gasto público y habida cuenta que los salarios corren detrás de la inflación, es que antes a la percepción del aumento de sueldo, el mismo ya había sido absorbido por la inflación y ello debió haber obligado a los asalariados a recurrir a la toma de préstamo para cubrir la perdida sueldo producida por el aumento generalizado de los precios, que los endeudo, generando gastos administrativos, costos financieros e intereses sobre el capital, haciendo a la necesidad del reajuste impositivo por inflación previsto en la ley del impuesto a las ganancias para actualizar el valor de la base imponible y los tramos de las alícuotas a los efectos de evitar que sean calculadas sobre ganancias ficticias que conlleven a constreñir al pago del gravamen por ganancias mayores a las reales, y opongo a la prohibición de su aplicación por desnaturalizar el impuesto, tener efectos confiscatorios y haber desaparecido el estado de emergencia económica que la motivo.
IV) Que del informe publicado el 21/01/11, en diario La Nación, se extrae la conclusión del Vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Doctor Córdoba, quien estimó que por la inflación de los últimos años, el salario mínimo por ganancias debería estar alrededor de los 8.500 $, en lugar de los 4.818 $, que rigen conforme a los reajustes realizados para el ejercicio 2010, así es que pagan impuestos quienes no lo deberían hacer y digo que en un sistema tributario justo se deben practicar todas las deducciones que reflejen el salario real del sujeto, para establecer la verdadera riqueza e impedir la distorsión impositiva por cuanto dar a los que menos tienen con lo que se les quita a quienes no le sobra, es violatorio del principio de justicia social (Art 39, Ap 3 CPBA) porque aun integrando la comunidad, no tendrán ni recibirán, cuya nivelación de las condiciones hacia abajo provoca el aumento de la pobreza y abre las brechas de las diferencias socioeconómicas, consecuencias que son deseables evitar, y en consideración a la realidad de la situación económica imperante en que se advierte que por la mayor presión tributaria y la inequitativa en la distribución de los ingresos, el estado se ha visto enriquecido y el pueblo empobrecido, siendo que la justicia dejo asentado que no se puede rehusar a su obligación de lograr la convivencia y paz social, en favor de procurar una justa recaudación y una equitativa distribución de la riqueza en aras del bien común, tras evaluar los costos-beneficios, es que para evitar causar un mal mayor al bien que se pretende hacer, la opción mas razonable como menos grave (SCBS, causa 63.442 "Larroque" Cons VIII) es que el estado ceda en su posición de ex traer a los que no les sobra y solo lo haga a quienes en verdad mas tienen siendo que para cumplir con tal objetivo es debido dar lugar a la petición de ampliar las deducciones actual mente practicadas sobre el impuesto a las ganancias a los fines de impedir dañar la capacidad contributiva del sujeto.
Por lo expuesto precedentemente se requiere que desde la central se gestione ante las comisiones, la elaboración e impulsión de un proyecto de reforma a la ley tributaria que disponga la eximición y reintegro del pago de impuesto a las ganancias, a los retirados, jubilados y pensionados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, como así a la ampliación de las deducciones actualmente practicadas, sin otro particular Saludo al Sr. Srio. Gral., muy atte.-
Delegación APROPOBA BERNAL.
Luis Alberto Colantoni Manuel González Caramés
Comisario (R.A.) Comisario (R.A.)
Presidente Vice-Presidente
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