Acusados de delitos de lesa humanidad y beneficiados por el gobierno democrático mediante la ley de obediencia debida y punto final, que debiendo ser derogada por nueva ley posterior opuesta a la anterior para perder vigencia a partir de su promulgación, se procedió a su anulación a través de una sentencia judicial que otorgó efectos retroactivos como si la ley nunca hubiera existido, en desmedro al principio general de su irretroactividad legal, invadiendo la función del poder legislativo, en violación a la forma republicana de gobierno y falta de respeto a la ley, inadmisible en un estado de derecho en tanto genera inseguridad jurídica, en la que nadie tendrá asegurados sus derechos, con la evidente intensión de poder llevar a juicio, constituyente de una estafa procesal que aún haga cosa juzgada permite reabrir la causa para determinar si resultó procedente la apertura de la misma; y en cuyo proceso se contó una verdad fragmentada para cumplir con el objetivo tenido de declarar la culpabilidad de los mismos y descargar su venganza ideológica por la derrota, sobre el personal policial que combatió la subversión, con adiestramiento militar en el exterior y apoyo del estado durante la gestión Cámpora, el cual cometió numerosos secuestros y asesinatos constituyendo una seria amenaza para la sociedad y el estado, por atentar contra el orden constitucional y el sistema democrático durante el último gobierno de Isabel Perón y de los que resultaron múltiples víctimas civiles, las que fueron borradas de la memoria argentina y desprotegidas de la política de estado sobre derechos humanos que sólo valió para subversión y suprimió para quienes la enfrentaron, vulnerando el principio de igualdad bajo pretexto de ser condición esencial que fueran perpetrados por el estado pero la Corte Penal Internacional, conforme al Art. 7 del Estatuto de Roma aprobado en 1998, definió a los delitos de lesa humanidad por las características y alcance de los hechos y no por la calidad de los autores, sancionando a quienes como parte del estado u organización, cometan ataque generalizado contra una multiplicidad de victimas o sistemático consumados acorde a un plan, consistentes en privaciones ilegales de libertades personales, sometimiento a torturas, y homicidios, en perjuicio de la población civil; es por todo ello que los calificó como presos políticos y digo que quienes ahora por el asunto gozan de impunidad corren el peligro potencial que se vuelva a repetir un cambio político que los incluyan en el castigo y será la historia de nunca acabar que no hace bien a la sociedad por tal es debido pacificar, dejar de mirar hacia atrás para poder avizorar el futuro con mayor probabilidad de triunfo.
Delegación APROPOBA BERNAL.
Luis Alberto Colantoni Manuel González Caramés
Comisario (R.A.) Comisario (R.A.)
Presidente Vice-Presidente
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